De las constituciones y la democracia (Carta dirigida a El mostrador)

cartier

Sr. Director: hemos visto en el medio que Ud. dirige diversas y muy interesantes cartas, columnas y entrevistas que advierten, desde distintos puntos de vista, de la necesidad de una nueva Constitución Política de la República.

Personalmente, no tengo problemas con modificar la Constitución: toda mejora será siempre bienvenida, pese a lo que se diga de la importancia de la estabilidad de los textos constitucionales. Sin embargo, cabe recordar que el resultado de una reforma puede ser finalmente noscivo si el diagnóstico de que se parte es parcial.
En este sentido, y a diferencia de lo que señalan los profesores Atria y Jordán, creo que no se está siendo del todo justo con los datos cuando señalan, grosso modo, que la Constitución de 1980 se reformó todo lo que se pudo dentro de lo que ella permitía (incluyendo la reforma de 2005), y que sólo una nueva Constitución puede venir a resolver los problemas que no pudieron solucionar las reformas previas.
Lo cierto es que el diseño institucional de la Constitución vigente admite más reformas, pero nadie quiere hacer esas reformas (tal vez, ni siquiera se han puesto a pensar en ello). Entonces, resulta injusto reprocharle al texto constitucional lo que le es reprochable únicamente a la clase política que nos dirige, pues es ella la que no está dispuesta a efectuar esas mejoras.
Así, por ejemplo, no es necesaria una nueva Constitución (como un todo), para:
1) Establecer la elección directa de intendentes y/o gobernadores.
2) Establecer que los cargos de subsecretarios fuesen cargos técnicos, elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, y no más como cargos de confianza exclusiva.
Por otra parte, no es siquiera necesario reformar la Constitución para diseñar Administraciones Públicas más eficientes y eficaces (creando aquellas unidades que sean necesarias y suprimiendo las obsoletas; actualizando plantas; mejorando el Estatuto Administrativo, etc.), de modo de obtener lo que todos deseamos: un Estado al servicio de la persona humana.
Tampoco es necesario reformar la Constitución para modernizar las judicaturas (de ello son muestra las reformas procesal penal, de familia y laboral), incluyendo la creación de tribunales contenciosos administrativos, pues son los tribunales -que otorguen una justicia expedita- la real garantía de un Estado de Derecho.
El problema es que mejoras como las propuestas no son rentables electoralmente (e, incluso, algunas disminuyen el poder de nuestros profesionales de la política), lo que desincentiva su estudio. Pero eso no es culpa de la Constitución, sino de quienes profitan de ella. Destruir la partitura por la impericia (o flojera) de los intérpretes es inaceptable.
Ciertamente estas ideas son discutibles, pero su existencia muestra -ya- que el escenario de “callejón sin salida” que algunos desean mostrar, no es real. Con todo, con ellas también nos distanciamos de quienes puedan creer que no hay nada que reformar a la Constitución (pues es inmejorable) o que hay cosas más importantes que darse el lujo de redactar una nueva Constitución.
Sin embargo, no creemos que el pueblo necesite textos legales para vivir, por lo que no creemos que estas propuestas sean imprescindibles. La democracia, antes que un sistema electoral, es una experiencia. Una experiencia en la que -sí- me siento escuchado y respetado, pero sobre todo en la que yo escucho al otro y me dejo herir por él.
Así, se puede percibir que una auténtica democracia no necesita textos legales para existir y también comprender que ningún texto constitucional -por perfecto que sea-, hará democrático un enjambre de gente que no se escucha entre ella.