Aportes para una nueva constitución: derribando el paradigma presidencialista

Pese a los llamados hechos para que la discusión sobre una nueva Constitución dejen de centrarse en lo procedimental, seguimos esclavos de miradas maximalistas, con descalificaciones de uno u otro lado.

Pocas voces proponen cambios precisos, sistemáticos y sustantivos. Sólo el destacado profesor Fernando Atria ha sido claro al indicar que, para estar frente a una nueva Constitución, bastaría con la supresión del control preventivo del Tribunal Constitucional y de los quora contramayoritarios. No conozco más.
Sin excluir la anterior, el suscrito propone otra: la supresión de la figura del Presidente de la República. Esta institución, justificable en los orígenes de nuestra República, resulta difícilmente defendible cuando hablamos de darnos una nueva Constitución, que nos gobierne por un largo período de tiempo del presente siglo.
No es verdad, hoy, que la figura del Presidente nos una. Todo lo contrario: la configuración político constitucional del “Ejecutivo” genera fuertes desincentivos, que están en la raíz de la crisis política que afecta al país. A través del vínculo jerárquico del Presidente de la República sobre la Administración Pública, ésta -que ha sido creada para servir al interés general- se ve obligada a ejecutar tareas, ya no con dicho objetivo, sino que con el objeto de mantener el poder de la alianza que ha apoyado al Presidente de la República. Así, pues, prima lo políticamente rentable por sobre lo técnicamente necesario o recomendable
Proponemos, por ende, que Ministros de Estado y Subsecretarios sean elegidos, previo concurso público, por separado, por plazos fijos de 6 a 8 años, por las comisiones temáticas de la Cámara de Diputados y del Senado. Vale decir, algo similar al mecanismo de elección del Fiscal Nacional del Ministerio Público.
Esta propuesta no busca aprovechar el desprestigio de la política, sino salvarla. No se trata de quitar toda la sal, sino que el plato no sea indigesto por exceso de ella. No se trata, pues, de erradicar la política electoral, sino que ésta vuelva a su cauce natural.