Ley N° 20.880 (Chile), sobre probidad y prevención de conflictos de interés

El 2 de septiembre recién pasado entró en vigencia la Ley N° 20.880, publicada el 5 de enero de 2016. Su entrada en vigencia se supeditó al transcurso de 3 meses desde la publicación del reglamento que la hiciera operativa, el cual se publicó con fecha 2 de junio de 2016.

Esta norma, junto a su reglamento, viene a regular, de manera más integral, el contenido que el legislador atribuye al principio de probidad en la “función pública” (normalmente, se habla de probidad administrativa, pero ésta -como intuirá el lector- se reduce al recto actuar de los funcionarios públicos).

Esta nueva ley, de manera realista y ambiciosa a la vez, busca enfrentar el problema abarcando más frentes: no sólo a la Administración Pública, sino al Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Poder Judicial y una serie de contencioso administrativos especiales, así como a la dirigencia de los partidos políticos. Si bien, por temperamento, tiendo a mirar más las cosas desde una perspectiva crítica y escéptica (sobre lo que abundarán los párrafos sucesivos), no queda sino valorar positivamente el intento.

El texto legal (como su reglamento) regula una serie de aspectos en los cuales no profundizaré. Así como el principal logro de la norma es ampliar el universo de destinatarios a que se dirige, la norma se enfoca primordialmente en regular la obligación de efectuar declaraciones de patrimonio e intereses (indicando qué activos y pasivos declarar, así como qué parientes deben ser incluidos) y en la regulación del “fideicomiso ciego” (denominado “mandato especial de administración de cartera de valores), así como ciertas “ventas forzosas” a que se ven sujetas personas que asumen los cargos indicados en el artículo 45 de dicha ley (p.ej., Pdte. de la República, ministros, senadores, diputados, intendentes, superintendentes, etc.).

Ahí donde está su fuerza, muestra inmediatamente su punto débil. La ley, que regula exhaustivamente las declaraciones que efectuar y sus actualizaciones anuales,  deja en el limbo jurídico la regulación de los incrementos patrimoniales “inexplicables” (o “sospechosos”).

Dicho de otro modo, deja a la transparencia y al “miedo a que te pillen” como únicos desincentivos y controles para las actividades contrarias a la probidad. Es decir, si hay incrementos patrimoniales obtenidos de manera desviada, el beneficiario no se ve obligado a devolver este enriquecimiento injusto (por otra parte, ¿devolver a quién?).

Por otra parte, renuncia a regular, de una manera genérica, una sanción que afecte al o los actos obtenidos gracias a estas actividades fuera del estándar de probidad.

Es decir, la conducta contraria a la probidad sigue impune; por ende, el pozo a repartir sigue ahí.

También las mesas de 3 patas se sostienen; pero no he visto ninguna de 2 patas, que se mantenga en pie.