Una postura frente al plebiscito

Si no hay imprevistos, todo indica que el 25 de octubre de 2020, se llevará a cabo el plebiscito en que el pueblo chileno decidirá si “aprueba” o “rechaza” la redacción de una nueva “Constitución” (que vendría a reemplazar a la que nos rige desde 1980).

Asimismo, en una papeleta aparte, decidirá si desea que ese nuevo texto fundamental sea redactado por una Convención Constitucional (una asamblea de 155 personas, cuyos miembros serán electos, en su totalidad, por la ciudadanía, mediante elecciones, regidas por las mismas reglas existentes para la elección de diputados de la República) o una Convención Mixta (una asamblea de 155 personas, de la cual un 50% será electo directamente por el pueblo chileno, y el otro 50%, será electo por los miembros del Congreso Nacional).

Este evento puede ser analizado desde múltiples puntos de vista (económico, jurídico, político, etc.).

Pero, antes que todo, es un hecho político. Por ello, el punto de vista más realista para profundizar su significado es, precisamente, el político.

Y, aún así, hay múltiples puntos de vista políticos que pueden esgrimirse, ya sea para votar que se aprueba, ya para el voto de rechazo.

Entonces, ¿cómo juzgar el evento?

Desde cierto punto de vista, son válidas todas las opiniones. No obstante, desde otro punto de vista, no es verdad que sea indiferente cualquier postura frente al plebiscito.

Como quiera que sea, esta columna no busca predicar a ya conversos, ni convencer a quienes están convencidos de la postura contraria. Lo que desea es: 1) Compartir algunas reflexiones, para el propio discernimiento de quienes tengan dudas, miedos, inquietudes, o el simple y genuino deseo de comprender un poco más. 2) Explicitar, de modo abierto, mi postura favorable al “apruebo” y a la “Convención Constitucional”. Perdonen el desorden, pero partiré con el número 2 y, luego, con el número 1.

 Con anterioridad, en este mismo blog, me he mostrado contrario al mecanismo de sustitución constitucional, señalando lo que, a mi modo de ver, es lo que se requiere modificar del texto constitucional para tener una “mejor política” (suprimir la figura del Presidente de la República, creando un mecanismo público para la elección de los Ministros de Estado). Honestamente, sigo creyendo que lo que he propuesto es correcto, pero no soy nadie para imponer a otros mi punto de vista, por verdadero que sea. Con ello, explicito ya (de manera tangencial si quieren), las razones de mi voto a favor de una nueva Constitución, redactada en democracia, con la totalidad de sus miembros electos por la ciudadanía.

Existencialmente, históricamente, el reconocimiento de una verdad, sea cual sea esta, siempre supone la libertad del cognoscente. Siempre, a cada paso. Esto es verdad, tanto a nivel subjetivo, como a nivel social. Sin ella, el conocimiento no es mío. Es sólo alienación.

Para el respeto de la dignidad del otro, no puedo autoerigirme como su tutor, su protector. En nuestra sociedad de iguales, por seguro que esté de mi opinión, no puedo imponérsela al otro. Debo buscarla, sí, pero con el otro (y supone, de ambos, lealtad intelectual) . En democracia, nadie puede caer en la tentación del Gran Inquisidor (nos podemos tentar, sí, de hecho, nos tentamos; pero otra cosa es “caer en la tentación”). De hecho, esa es la tentación en que incurrieron la Junta Militar (y Jaime Guzmán y muchos de los adeptos a la dictadura) allá en 1973, cuando asumieron, formalmente, los “poderes” ejecutivo, legislativo y constituyente originario.

Con la última mención a la Junta Militar, nos acercamos al centro de esta columna. Pero, para ello, debemos hacer una pequeña síntesis de la controversia en juego.

 La razón fundamental para impugnar el texto constitucional vigente nace de su origen ilegítimo. El proyecto que terminó siendo la Constitución de 1980 fue redactado por un grupo de expertos (conocida coloquialmente como la “Comisión Ortúzar”, dentro de la cual se encontraba un joven Jaime Guzmán Errázuriz), especialmente convocados para ello, por la Junta Militar que derrocó, en 1973, al presidente Salvador Allende Gossens.

Tras  años de trabajo, el proyecto fue entregado a la Junta Militar, la que lo sometió a revisión del entonces existente Consejo de Estado, para después ser plebiscitado. Este acto electoral ha sido sometido a amplísimas objeciones, que permiten dudar de la libertad con que pudo pronunciarse el pueblo chileno en dicha ocasión.

 Con posterioridad, el texto constitucional ha sido objeto de múltiples modificaciones, de las cuales, las más importantes, son las introducidas en el plebiscito de 1989 y en el año 2005, por el Congreso Nacional. Tras esta última modificación, en el texto ya no aparece la firma de los miembros de la Junta Militar, sino del entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar.

El breve punteo sirva de contexto para lo que sigue.

Según algunos, sobre todo los más proclives al “apruebo”, las posteriores modificaciones (inclusive el hecho que en el texto actual no aparezca la firma de los miembros de la Junta Militar) no pueden limpiar el origen ilegítimo de la Constitución actual (que sigue siendo, en el fondo, la Constitución de Pinochet y Guzmán), razón más que suficiente para buscar sustituirla, redactando una nueva en democracia.

Para otros, tendencialmente más representados por la postura del “rechazo”, la Constitución ya no es la de Pinochet, atendidas las amplias reformas que ha sufrido el texto constitucional, por lo que no se justifica sustituirla, sino que basta con seguirla modificando (modificaciones en las que –supuestamente- muchos están de acuerdo).
Este es el “quid” del asunto.

A mi parecer , la principal herramienta para enfrentarnos a este dilema no es una novedad.

Es una distinción que, hace ya muchos años, hiciera el jurista alemán Carl Shmitt (cuyo legado, incluso jurídico, se ha visto ensombrecido por su apoyo a Hitler y el régimen nazi).

 Éste nos enseñó a distinguir entre la “constitución” (“la decisión de vivir juntos” ) y las “leyes constitucionales” (las regulaciones políticas, más o menos discutibles, que se encuentran en el texto constitucional: que si el Presidente de la República dura 8, 6 ó 4 años, con o sin posibilidad de reelección; las inhabilidades para ser parlamentario; que cuáles temas son materia de ley o de reglamento; que cuánto duran en sus cargos los miembros del Tribunal Constitucional, etc.).

 No sé si quienes están por el “rechazo” conocen (o no) esta distinción. Y, si la conocen, la entienden (o no). Y si la entienden, aceptan sus alcances (o no).

En lo que a mi atañe, me parece una distinción muy esclarecedora. Quienes sostienen que, por el hecho que se hayan introducido muchas modificaciones al texto constitucional, ya no estamos frente a la Constitución original es porque confunden modificaciones a las leyes constitucionales con modificaciones a la Constitución-decisión misma. Y Schmitt nos permite ver que no son sinónimos. De una no se sigue la otra. De hecho, el “core” de la decisión sigue intacto. Seguimos heteronormados, seguimos alienados.

No todo en el texto constitucional es propio del derecho constitucional. En el texto constitucional encontramos normas de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho minero, derecho de aguas, derecho tributario, derecho de bienes, derecho de la judicatura, derecho político, derechos humanos, etc. Lo propio del derecho constitucional es la decisión básica.

Entonces, el problema no son las leyes constitucionales (en las que podemos estar más o menos de acuerdo: más o menos presidencialismo; más o menos parlamentarios). El problema es que algunos tomaron la “decisión” por otros, y esos otros seguimos viviendo bajo su decisión y, si es cierto que somos iguales, debo ser copartícipe de la decisión. Siendo todos distintos, para algo tan básico como la decisión de si viviremos juntos (y sus reglas más básicas), debemos ser tratados como iguales.

Bonus track: Por si no quedó claro, votaré “apruebo” y votaré “Convención Constitucional”.

Pero, con la misma claridad con que digo eso, reconozco que tengo miedo. Estoy inquieto.

No creo que nos demos una Constitución chavista, pero temo que salgamos con leyes constitucionales tanto o más presidencialistas (y el presidencialismo es, a mi modo de ver, el origen de la crisis de legitimidad que nos llevó hasta aquí).

Para eso votaré por quien esté por disminuir el presidencialismo. Y, si no me gusta el texto propuesto, lo rechazaré. Si gana ese “rechazo” , salen otras interesantes discusiones, pero las abordaremos después (con texto en mano).

Bonus track 2: no creo que tengamos una Constitución chavista, pues el pueblo lleva 30 años de democracia (ideal nunca alcanzado del todo) y siempre se ha mostrado sensato, rechazando extremos. Recordando una reflexión de Solzhenytsin, cuesta creer que el mismo pueblo que votó hace 2 años por Piñera, ahora esté infestado de chavistas. No faltan, pero nunca serán dos tercios en la Asamblea Constituyente.