El segundo período presidencial de Michelle Bachelet -tal como enfatizó durante su campaña- se ha caracterizado por dar un impulso fuerte a 3 ejes, que constituyen -prácticamente- su leit motiv: reforma educacional, reforma tributaria y reforma constitucional.
Ello no tiene nada de criticable; todo lo contrario: es del todo legítimo, pues eso es lo que propuso al país y, por ende, debe ocupar todas sus energías, «capital» político y herramientas constitucionales de urgencias para intentar sacar su agenda. Por otro lado, no es sino la aplicación de algunos clásicos refranes de sabiduría popular y sentido común: «quien mucho agarra, poco aprieta» y «mejor pájaro en mano, que 100 volando».
Siendo legítimo concentrar las energías y deseable que cumpla lo prometido, no deja de tener repercusiones para el resto del sector público, que se ve – en cierto modo- «condenado» a la paralización (nadie puede quitarle protagonismo a la «prima donna»….entonces sólo se administra, se «cumple», simplemente se busca evitar problemas, más que proponer soluciones a los problemas que, en cada sector, siguen existiendo)…. a la espera que -tal vez- el siguiente gobierno quiera tomar ese aspecto como «su» bandera de lucha. Y así, el pueblo queda obligado a generar marchas de indignados y escándalos para la atención de las cámaras de los medios de comunicación social, y (sólo así) de las autoridades de turno, las que verán como dar (apariencias de) soluciones o «aspirinas» (que atacan los síntomas, pero no la enfermedad), que generen tiempo y espacio, para no desconcentrarse de lo que -según el mandato democrático de las elecciones- es relevante y/o urgente (una y otra cosa pueden no coincidir; de hecho, pocas veces lo hacen, pero -para efectos de esta columna- no problematizaremos más).
Pues bien, para avanzar en idear soluciones para que no veamos una Administración inmóvil, hace algún tiempo vengo pensando y profundizando en un modelo institucional que puede ayudar a ello.
Al hueso: proponemos que todos los Ministerios se designen por Alta Dirección Pública, salvo los políticos y aquellos en que, por acuerdo del Ejecutivo con el Senado, se declaren de imprescindible designación por el sistema de confianza exclusiva, de acuerdo al programa que se presentó para optar al cargo de Presidente de la República.
Así, por ejemplo, no caben dudas de que en un gobierno como el actual, serían de primer interés los Ministerios de Hacienda y Educación; en el de Piñera, habrían sido Hacienda y Trabajo (posnatal de 6 meses); con Lagos: Hacienda y Obras Públicas; con Frei: RREE y Justicia (reforma procesal penal); con Aylwin: Hacienda, Educación y Trabajo.
Pero, como se ve, hay una serie de Ministerios que, si se piensa, son sólo botines de guerra que hay que repartir entre las propias hordas, pero respecto de los cuales no hay una diferencia importante: casi lo mismo harían un UDI que un PS. Pensemos, por ejemplo, en Agricultura, Bienes Nacionales, Economía, Defensa, Vivienda y Urbanismo y las mismas Obras Públicas.
De hecho, muchas de estas Carteras de Estado son «máquinas» tan bien aceitadas que -simplemente- no necesitan a un Ministro, salvo para que «alguien» firme, pero en los cuales la impronta personal o el carácter del ministro y subsecretarios son absolutamente irrelevantes.
Otra idea no tan descabellada es la elección democrática de los ministros por separado. Así no tendríamos elecciones de Presidente, sino de ministro de educación, de obras públicas, de hacienda, de justicia: eso obligaría a que se propusiesen y discutiesen en profundidad programas para cada área, y bien podríamos tener un ministro de educación RN, un ministro de Agricultura radical, un ministro de hacienda PS y todo ello, de seguro, sin grandes traumas para el país, pues todo debiese discutirse de cara al país, a través del Parlamento.
De hecho, para quien añore un rostro que encarne la unidad de la nación (un Jefe de Estado); pensamos que éste perfectamente podría ser el Presidente del Senado y el Jefe de Gobierno, el Presidente de la Cámara.
Hace un poco más de 2 siglos, 2 opinólogos tuvieron la fortuna de ser leídos por gente influyente y prácticamente estructuraron la mitología sobre que descansan nuestros Estados democráticos de Derecho. Me refiero al Barón de Montesquieu y Alexis de Tocqueville.
Su obra ha sido influyente y -sin duda- estamos mejor que bajo las monarquías absolutas, pero si su intuición de que es mejor dividir el poder para evitar los abusos es correcta, creemos que hay que ir más al fondo de dicha concepción para mejorar aún más nuestras vidas, y dividir y desconcentrar aún más.
Lo que propongo va en esa línea. No es una idea del todo desarrollada, ni menos definitiva y, por supuesto, que discutible en miles de detalles, pero no por insólita es irracional. Creo que se trata de atreverse a pensar y tomar en serio lo que deseamos para nosotros y nuestros hijos.
En momentos en que se discute una gran reforma constitucional y, cuando al hablar de la relación de Ejecutivo y Parlamento, nos encadenamos irreflexivamente a los únicos dos modelos teóricos predominantes, puede ser hora de soltar un poco las amarras intelectuales y dejar que la imaginación llegue al poder, de modo que no repliquemos modelos respetables, pero ajenos, sino que seamos dueños de nuestro propio destino, aprendiendo de nuestros errores y aciertos, de nuestra historia y nuestros anhelos del porvenir nuestro y de nuestra descendencia.
Parafraseando a «Los prisioneros»: «Montesquieu, sacúdete en tu cripta»
Extra legem (fuera o más allá del derecho) 